La Casta (16 page)

«Aquí no estamos ni por el dinero ni por los coches». Las palabras de Fernández Vara en rueda de prensa fueron a parar a los micrófonos de los periodistas, que asistían como espectadores a un nuevo asalto de dialéctica política entre los principales partidos de la cámara. Al final, las presiones del Partido Popular hicieron mella y la vicepresidenta de la Junta anunció públicamente el 20 de noviembre de 2008 que devolvería su preciado Lexus.

«Los ciudadanos no lo entienden», se escudó el presidente autonómico para enmendar el tachón y vestir de honradez la devolución del coche. Incluso anunció que su mano derecha y vicepresidenta económica presentó la dimisión por la compra del vehículo. Por supuesto, esa dimisión no fue aceptada. La necesitaba a su lado en estos tiempos de recesión económica. Llama la atención que la devolución del coche se justifique por la presunta falta de intelecto del electorado. Y que eso prime sobre conceptos como si en realidad era o no necesaria la compra de un vehículo de semejantes características en un momento de crisis. Una compra que se definió a todas luces incorrecta, ya que el coche fue devuelto al concesionario y nadie lo ha echado en falta.

Sin embargo, la doble moral es patrimonio de toda la Casta. Y no entiende de ideologías ni de militancias.

Mientras el Partido Popular criticaba la compra del coche y hacía astillas el árbol caído de la vicepresidenta extremeña, uno de sus principales hombres en Extremadura compraba un vehículo millonario para su ayuntamiento. Por lo menos el alcalde de Badajoz, el popular Miguel Celdrán, fue de frente. Cuando la Junta aprobó su código de conducta, el primer edil de Badajoz aseguró que se le caía la cara de vergüenza por que hubiera que aprobar un código de esas características. No por su falta de necesidad, sino porque a él ya le dieron sus padres hace muchos años pautas de conducta y le enseñaron lo que es la honestidad, la honradez y el ahorro. O al menos eso es lo que el alcalde proclama.

Tres días antes de que se aprobara el código de conducta de la Junta de Extremadura, rubricado por los miembros de su partido en la asamblea autonómica, Celdrán renovó el coche para el ayuntamiento. El viejo tenía ya catorce años y se averiaba constantemente. Está claro que necesitaba un cambio. Así que el 27 de marzo la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz aprobó por un procedimiento negociado sin publicidad la compra de un nuevo Volvo S80 para la alcaldía. El coste del coche, 49.000 euros, supera en 19.000 las recomendaciones que sus propios compañeros de partido aprobaron en la cámara. La cifra es clave, ya que el ayuntamiento cuenta con un presupuesto sesenta y siete veces inferior al del gobierno autonómico. Pero tiene un coche más caro. Quince días después, el Ayuntamiento de Badajoz adquirió un nuevo vehículo de las mismas características y reabrió de nuevo el debate. Esta vez, el alcalde de la ciudad intentó cerrar el tema con unas declaraciones muy reveladoras: «Hay quien viaja en el coche de la Junta para ir a jugar al golf y lleva los palos en el maletero».

El uso de coches oficiales para tareas particulares es una práctica tan común como soterrada. Es normal que los altos cargos de la administración utilicen los coches oficiales para hacer recados, encargarse de compromisos o incluso trasladar a sus propios hijos al colegio. En la Comunidad Valenciana el uso indiscriminado de coches pagados por los electores pero disfrutados por políticos adquirió tal calibre que el vicepresidente primero del Consell, vicente Rambla, prohibió públicamente en mayo de 2009 a todos los altos cargos de la administración autonómica el uso de estos vehículos para actos privados. Al parecer, tras más de treinta años de democracia, es una cuestión que todavía no estaba clara para los políticos valencianos.

Días antes, una treintena de conductores del servicio oficial de la Generalitat dijo basta. El grupo se presentó en la sede que el Ministerio de Trabajo tiene en la ciudad del Turia. Y allí, al amparo de la Inspección de Trabajo, firmó una denuncia contra la explotación laboral a la que supuestamente era sometido. Los conductores, pertenecientes a la Consejería de Economía, relataron según la prensa local los constantes abusos en el uso de coches oficiales para tareas privadas. Algunos hacían hasta mil horas extras anuales para atender esos servicios. Las iras de los conductores se centraron por ejemplo en el ex director de la Policía, Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y consejero de Bienestar Social. Los encargados de transportarle aseguraron entonces que el alto cargo popular acudía los domingos a misa con el coche oficial. Otros conductores eran enviados según su versión a recoger paellas solicitadas por los altos cargos valencianos. Algunos incluso tenían que esperar durante cuatro o cinco horas dentro del coche en el aparcamiento de un restaurante mientras el director general de turno coronaba una opípara comida con una partida de mus. Y claro, esas horas se pagan. Y salen del bolsillo del contribuyente.

En 2008 el gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros en horas extras a sus conductores oficiales. La administración local gastó en dos años 520.000 euros en comprar 12 coches oficiales. Allí cada consejero tiene un Audi de alta gama para sus desplazamientos, y otros 10 coches iguales esperan a los directores generales para todos sus movimientos. En 2008 los vehículos oficiales autonómicos realizaron en total 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente como para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso, si tenemos en cuenta que La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña de la península y que su población total es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio del cinturón de Madrid.

En la capital el uso sin medida de vehículos oficiales generó problemas de seguridad para los propios miembros de la Casta. Los 23 ediles de la oposición cuentan en Madrid con 31 conductores asignados para sus desplazamientos. Sin embargo, durante semanas los concejales de la oposición —y sus escoltas— se vieron obligados a acudir en metro a su trabajo. El motivo fue el importante número de horas extras de los 120 conductores oficiales contratados por el consistorio. A principios de 2008 varios escoltas encargados de la seguridad de concejales del PSOE e Izquierda Unida en Madrid se quejaron de que tenían que ir en transporte público o en taxi con sus protegidos. El hecho suponía una importante merma de seguridad, ya que gran parte de los coches oficiales está equipada con inhibidores de frecuencia que imposibilitan la detonación remota de explosivos. Y una contradicción. ¿El ayuntamiento de la capital gasta 150.000 euros al año en un coche para el alcalde por motivos de seguridad mientras varios concejales tienen que ir en metro por falta de conductores? El problema se subsanó. Pero no deja de ser espejo del doble rasero con el que se planifica en ocasiones la seguridad de la clase política.

Es común ver las caravanas de coches oficiales desfilar a gran velocidad por las calles de Madrid. En ocasiones especiales, cuando circulan las grandes personalidades, la policía local acordona la zona para que la comitiva se desplace lo más rápido posible y no encuentre vehículos que entorpezcan su marcha. La seguridad del personaje —presidente, mandatario extranjero o miembro de la familia real— prima sobre las normas de tráfico y los coches desfilan a gran velocidad. En pocos segundos una estela negra de berlinas y sirenas deja paso al silencio. Y la ciudad vuelve de nuevo a su ritmo sincopado.

El 14 de abril de 2008 el centro de Madrid parecía una procesión de vehículos de lujo. Varios Audi entorpecían el paso a la altura de la antigua sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ubicada en la calle de Alcalá. Y todos estaban identificados con el distintivo que lucen los coches oficiales. El edificio estaba de estreno. Desde aquel día, el céntrico inmueble sería la sede del nuevo Ministerio de Igualdad. A las doce y media de la mañana estaba prevista la toma de posesión de la primera ministra en ocupar la cartera recién creada. La gaditana Bibiana Aído había sido la sorpresa en la remodelación ejecutiva realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Varios miembros notables del ejecutivo nacional acudieron para arropar a la joven ministra, y dejaron sus coches oficiales aparcados en la puerta. Allí estaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y secretaria de Estado de Cooperación Internacional, actual secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. También estaban sus respectivos coches en mitad del carril bus, en plena hora punta.

Pocos minutos después acudieron los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y sacaron el «recetario». Sin atender a razones comenzaron a sancionar a los coches oficiales mal aparcados, ante la atónita mirada de los conductores y los escoltas de los altos cargos de la administración central. Los agentes del Ministerio del Interior alegaron que los coches tenían que estar frente a la puerta del edificio por motivos de seguridad. Los policías locales fueron implacables: al final, 300 euros de multa y dos puntos menos para los conductores.

La escena es caricaturesca, pero señala un curioso agujero negro. Un vacío legal que cuesta cada año decenas de miles de euros al bolsillo de los contribuyentes.

¿Cuánto cuesta cada año pagar las multas de los coches oficiales? Una vez más, en España no hay dato alguno al respecto, pero las cifras indiciarias son abultadas.

En Francia la cuantía de las multas era tan escandalosa que el Gobierno se vio obligado a exonerar del pago a los 7.000 vehículos oficiales que forman el parque móvil estatal: en un año acumularon

6.900 infracciones. En España las multas de los coches oficiales son cargadas cada año a la administración, que es la propietaria de los vehículos, pero suelen llegar con recargo. Desde la imposición del carné por puntos en 2006, la mayoría de las sanciones conllevan también la retirada de puntos para los conductores, que en este caso son trabajadores a sueldo de ayuntamientos, gobiernos autonómicos, ministerios o diputaciones. Como los conductores actúan a las órdenes de los escoltas, o incluso del político de turno, sería injusto que la sanción disciplinaria recayera sobre ellos. Así que como norma general las administraciones se niegan a identificar ante la Dirección General de Tráfico a los conductores. Esto genera un nuevo recargo en las multas, recargo que cae sobre el bolsillo del contribuyente. Los conductores lo tienen claro: «Si un escolta te dice que te saltes un semáforo por cuestiones de seguridad o que aumentes la velocidad en ciudad, tú no puedes negarte. Cuando vas en el coche y te para la Guardia Civil, basta con que el escolta enseñe la placa para que no te sancionen. Pero si por ejemplo te pilla un radar, entonces llega la multa y lo normal es que no te identifiquen», explica sin tapujos un conductor adscrito al Parque Móvil Ministerial dependiente de la administración central.

Así que las distintas administraciones han llegado a un pacto soterrado. Los conductores no son identificados cuando llega una infracción. Y así no corren el riesgo de perder su puesto de trabajo por la retirada de puntos tras las infracciones. Según publicó el Grupo Correo, el gobierno vasco acumula desde 2004 más de mil multas con recargo por no identificar a los conductores de los coches oficiales. Y uno de los vehículos aglutina más de 9.000 euros en infracciones. El coche pertenece a la Consejería de Interior, que es precisamente la encargada de ejecutar las sanciones de tráfico. Ese silencio administrativo se traduce en un constante y suculento incremento en las cuantías de las multas a pagar por el contribuyente. Incluso entre los conductores hay una cuestión tabú: ¿cuántas de esas multas son por cuestiones de seguridad y cuántas por mera impunidad de la Casta ante el Código de Circulación? Es imposible saberlo. ¿Está legitimado un político para saltarse las normas de tráfico cuando llega tarde a un acto oficial? Según la legislación, no. Si llega tarde, que hubiera salido antes, como cualquier otro ciudadano.

En cualquier caso, los miembros de la Casta suelen ser inmunes a este tipo de sanciones. Da igual si un coche es multado. Da igual si hace demasiados kilómetros. Y sobre todo da igual si es un gasto innecesario. La verdadera naturaleza de sus urgencias y necesidades de transporte queda en la intimidad entre político, conductor y escolta. En la intimidad que dan cuatro ruedas con asientos de cuero y maderas nobles.

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E
l Falcon 600 que trasladaba al presidente del Gobierno aterrizó en la base militar de Guacimeta bajo un sol incandescente. Eran exactamente las 13.44 en Lanzarote y soplaba un leve viento. Un sonoro chasquido indicó que las ruedas del avión tocaban tierra. Todo estaba preparado. La aeronave transportaba al jefe del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer, Sonsoles Espinosa, y a las dos hijas del matrimonio, Laura y Alba. Bajo la escalera aguardaba desde hacía unos minutos toda suerte de políticos y autoridades locales, deseosos de estrechar la mano del presidente.

Era 2 de agosto y el jefe del Gobierno comenzaba sus vacaciones. Y lo hacía de manera oficial, pese a que Zapatero se disponía a pasar tres semanas disfrutando de su tiempo para actividades privadas. Al final su agenda se quebró y el presidente tuvo que interrumpir sus vacaciones el día 12 para presentar varias medidas contra la crisis en un Consejo de Ministros extraordinario. Cinco días antes estaba prevista su participación en un acto de los socialistas canarios junto al líder del PSOE en Europa, Juan Fernando López Aguilar. Pero ésos no eran asuntos de Estado.

Junto a la escalera del avión esperaban también varios miembros de su gabinete. Viajaron días antes como avanzadilla para comprobar que todo estaba en orden antes de la visita del presidente, que se disponía a pasar sus terceras vacaciones en el archipiélago canario. Zapatero eligió de nuevo Lanzarote, y por tercera vez se hospedó en una mansión propiedad de Patrimonio Nacional, llamada La Mareta, ubicada en la costa de Teguise, en el centro de la isla. Regalada por Hussein de Jordania al rey Juan Carlos, la casa ha servido desde 1991 para acoger la visita de varios jefes de Estado, pero fue Zapatero el primer mandatario en elegirla como residencia para pasar sus vacaciones.